La Fiscalía General de la República investiga demandas laborales que condenan al ISSSTE a pagar indemnizaciones por más de mil 230 millones de pesos a ex agentes de las desaparecidas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El ISSSTE y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje detectaron seis laudos didugaente ilegales en los que se ordenó al instituto pagar dicha suma a un total de 880 ex servidores públicos, la mayoría ex agentes federales, por concepto de indemnización global.

Dicha prestación, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba prevista para ex funcionarios que no tenían derecho a pensión por jubilación, sin embargo fue derogada y desapareció en la nueva Ley del ISSSTE vigente desde abril de 2007.

De acuerdo con la indagatoria, los ex agentes ya no tenían derecho a la indemnización global y además contaban con Afore. A pesar de ello, los ex agentes presentaron sus demandas en 2021 con base en la anterior Ley del ISSSTE, aunque estaban sujetos a la legislación actual, ante la entonces Junta Especial 42 de la JFCA en Torreón, Coahuila.

Las demandas presentan irregularidades como falta de detalle sobre la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo para determinar la antigüedad real del actor. Por cuestión de territorialidad, la Junta Especial de Torreón era incompetente para tramitar los juicios laborales, ya que las demandas procedían de diversos estados del país.

También se omitió que los demandantes precisaran su salario base, saltándose un procedimiento que obligaba a señalar este defecto y dar un plazo de 3 días para su corrección.

La indagatoria precisa que las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, de la Junta Especial 42. El laudo más importante fue uno por 950 millones de pesos en favor de 678 ex funcionarios.

Gracias a que el presunto fraude fue detectado, la JFCA frenó la ejecución y cobro de los laudos, y el 17 de junio de 2024 la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42.